La próxima decisión del Tribunal Supremo en el caso Grants Pass contra Johnson está a punto de tener un impacto significativo en las políticas sobre personas sin hogar en todo Estados Unidos, incluida la zona de Tampa Bay. Este caso histórico, cuya vista está prevista para el 22 de abril de 2024, se centra en la constitucionalidad de penalizar a las personas sin hogar por dormir en espacios públicos cuando no hay refugios disponibles.
Permítanme darles un poco de contexto.
La ciudad de Grants Pass, Oregón, ha aplicado una normativa que obliga a los residentes sin hogar a trasladarse de un parque a otro cada 72 horas bajo amenaza de citación o cárcel. Esta medida ha sido impugnada por violar la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. El caso ha escalado hasta el Tribunal Supremo, donde la cuestión central es si tales ordenanzas municipales constituyen un castigo cruel e inusual contra las personas sin hogar involuntarias.
¿Qué significaría una sentencia a favor de la ciudad?
Si el Tribunal Supremo falla a favor de la ciudad, podría sentar un precedente que permitiera a los municipios aplicar medidas punitivas similares contra la población sin hogar. Por el contrario, una sentencia a favor de los demandantes sin hogar podría reafirmar la protección de sus derechos y conducir potencialmente a enfoques más humanos y de apoyo a las personas sin hogar.
El reto de los sin techo en Tampa Bay
En Tampa Bay, como en muchas otras zonas urbanas, la falta de vivienda sigue siendo un problema acuciante. Florida es el tercer estado del país con mayor número de personas sin hogar, 27.487 de ellas. La decisión del Tribunal Supremo podría influir en las políticas locales, sobre todo en lo que respecta a la aplicación de las leyes que prohíben dormir o acampar en zonas públicas, aprobadas en Tampa en 2013.
Detención de personas sin hogar frente a fondos para vivienda asequible
El debate sobre detener a personas sin hogar o destinar fondos a viviendas asequibles es polémico. Los críticos sostienen que los esfuerzos de criminalización no abordan las causas profundas del sinhogarismo y se limitan a desplazar el problema sin aportar una solución a largo plazo. Las investigaciones sugieren que proporcionar viviendas de apoyo no sólo reduce el número de personas sin hogar, sino que también disminuye el número de detenciones entre la población sin hogar.
Es probable que el resultado del caso Grants Pass contra Johnson tenga repercusiones más allá de Oregón y afecte a las vidas de las personas sin hogar de Tampa Bay y de todo el país. Plantea cuestiones fundamentales sobre la forma en que la sociedad decide abordar el problema de las personas sin hogar: mediante la criminalización o mediante la provisión de viviendas asequibles y servicios de apoyo. La decisión no sólo reflejará los valores de nuestro sistema jurídico, sino que también determinará el futuro de la política sobre personas sin hogar y las vidas de las personas a las que afecta directamente.
Si está convencido de ello, considere la posibilidad de asistir a la manifestación: https://johnsonvgrantspass.com/rally
